En los últimos años, los mexicanos han enfrentado un aumento significativo en los costos asociados con la importación de vehículos usados. Según informes recientes, estos gastos se han incrementado hasta cinco veces más en comparación con las cifras registradas hace una década. Esta situación ha creado desafíos para quienes buscan adquirir automóviles importados de manera legal y ha llevado a un crecimiento del mercado ilegal de vehículos.

La problemática comenzó a tomar relevancia durante el mandato anterior, cuando los impuestos y tarifas aplicables a la importación de autos usados empezaron a subir de forma exponencial. Hugo Jofre Chávez, representante de los comerciantes de este sector, destacó que esta escalada ha dificultado considerablemente el acceso a vehículos legales, lo que ha fomentado actividades ilícitas. Para abordar esta cuestión, los involucrados planean reunirse con autoridades gubernamentales y legisladores.

Durante estas mesas de diálogo, se espera plantear propuestas orientadas a facilitar la adquisición legal de automóviles importados. Entre ellas se encuentran ajustes en las tasas impositivas y la implementación de regulaciones más flexibles. Además, se busca diversificar los países de origen de los vehículos, con el fin de ofrecer mayores opciones al consumidor final. Estas medidas tienen como objetivo principal equilibrar los costos y garantizar que los ciudadanos puedan obtener vehículos de calidad y seguridad sin comprometer su economía.

Jofre Chávez también mencionó la intención de dialogar con el secretario de Economía y otros legisladores para explorar posibilidades de reducir las barreras actuales. El propósito es encontrar un equilibrio que permita la entrada de vehículos usados de manera ordenada, evitando así la proliferación del contrabando y asegurando que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de manera justa.

Estas acciones buscan no solo mejorar el acceso a vehículos importados, sino también fortalecer el cumplimiento de las normativas vigentes. Al mismo tiempo, se persigue el objetivo de proteger el patrimonio de los ciudadanos y promover una práctica comercial más equitativa en el ámbito de la importación de automóviles usados en México.