El anuncio reciente del ministro Caputo sobre la disminución de los impuestos internos a los vehículos de lujo ha generado un optimismo significativo. Este cambio permitirá que más individuos puedan adquirir automóviles con tecnología avanzada, lo cual no solo mejora el confort sino también potencia la seguridad vial y el cuidado ambiental. La reducción de costos fiscales en este sector es una medida que busca equilibrar las desproporciones existentes en la carga impositiva, facilitando así el acceso a medios de transporte modernos.

Uno de los problemas persistentes en el mercado automotriz ha sido la excesiva carga tributaria que se suma al precio final de los vehículos. Esto incluye el IVA, impuestos internos, ingresos brutos y otros gravámenes que incrementan considerablemente el costo total. Esta situación ha llevado a que los compradores paguen casi tanto en impuestos como por el vehículo mismo, generando un círculo vicioso donde los gastos adicionales se vuelven base para nuevos impuestos. Al reducir esta carga, se espera que se eliminen ineficiencias económicas, se modernice el parque automotor y se reactive la economía.

Es fundamental revisar y actualizar leyes obsoletas que han quedado desfasadas debido a la inflación. Por ejemplo, la ley 24.475 de 1995 estableció límites en el crédito fiscal del IVA para automóviles, lo que hoy resulta en montos insignificantes y desactualizados. Estas limitaciones han creado injusticias y desventajas para empresas que adquieren vehículos, ya que no pueden computar correctamente los créditos fiscales. Es necesario que estas normativas sean ajustadas a la realidad económica actual para evitar abusos y promover una mayor transparencia y equidad en el sistema impositivo. La actualización de estos valores o la eliminación de las limitaciones podría impulsar significativamente las ventas de autos y modernizar el sector automotriz, beneficiando tanto a empresas como a particulares.

Este cambio en la política fiscal representa una oportunidad para mejorar la eficiencia económica y fomentar un uso más racional y justo de los recursos. Al liberar estas restricciones y actualizar las regulaciones, se puede estimular la economía, reducir accidentes en las rutas y contribuir a un medio ambiente más sostenible. Es hora de que el Gobierno reconozca la importancia de estas reformas y actúe en consecuencia para beneficio de todos los sectores involucrados.