El Gobierno ha anunciado profundas modificaciones en la legislación del tráfico nacional, lo que genera grandes expectativas entre los usuarios de vehículos. La extensión de los plazos para la revisión técnica obligatoria es una de las principales novedades. En adelante, los vehículos nuevos podrán circular hasta cinco años sin necesidad de someterse a inspecciones. A partir del quinto año, las revisiones se realizarán cada dos años hasta el décimo aniversario, momento en que serán anuales. Estas disposiciones aplicarán en las jurisdicciones que decidan adherir a la nueva normativa.

La flexibilización también alcanza a los lugares donde se pueden llevar a cabo estas inspecciones. Concesionarios oficiales y talleres autorizados podrán efectuar las revisiones técnicas siempre que cuenten con el equipamiento y la infraestructura requeridos. Este cambio podría integrarse con un sistema nacional conectado que permita conocer el estado mecánico de todos los vehículos verificados, tanto en plantas oficiales como en establecimientos privados. Además, se espera que estos cambios faciliten la implementación de certificaciones digitales, posiblemente reemplazando las obleas físicas tradicionales.

Las reformas no se limitan a las inspecciones técnicas; también afectan directamente al mercado de autopartes. El gobierno ha decidido liberar la importación de todas las piezas de automóviles, incluyendo aquellas de seguridad, eliminando la necesidad de obtener el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Esta medida busca reducir costos y acelerar los procesos, aunque mantiene ciertos controles de calidad. Los importadores deberán cargar información sobre las certificaciones de las partes importadas, y cualquier inconsistencia será supervisada por la Secretaría de Defensa del Consumidor.

Esta iniciativa promete mayor eficiencia y transparencia en los procedimientos relacionados con la circulación de vehículos y la importación de autopartes. Al simplificar y modernizar los procesos administrativos, se espera que se fomente la competitividad en el sector automotriz, beneficiando tanto a los consumidores como a los empresarios. Asimismo, estas medidas reflejan un compromiso con la innovación y la adaptación a las nuevas realidades tecnológicas y comerciales, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.