El Ministerio de Salud ha presentado una petición formal ante la Corte Constitucional para anular un fallo que declaró insuficiente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024. Según las autoridades sanitarias, este auto judicial contiene inconsistencias y vulnera principios fundamentales del debido proceso. El ministerio argumenta que no se le permitió acceder ni discutir las pruebas y documentos presentados durante el análisis de la suficiencia de la UPC. Además, señala que la Corte no proporcionó informes técnicos que justifiquen su decisión.

La solicitud de nulidad también destaca que la Corte Constitucional no tiene competencia para determinar la suficiencia de la UPC y debió ordenar un estudio técnico independiente antes de emitir su veredicto. A pesar de esta disputa legal, el Ministerio de Salud ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la UPC y los presupuestos máximos. Este compromiso se mantiene incluso mientras se resuelve la cuestión de la nulidad del auto judicial.

En otro frente, organizaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) han expresado preocupación acerca de la sostenibilidad financiera del sistema de salud. La entidad advierte que la acumulación de deudas y la falta de pagos oportunos están poniendo en riesgo la continuidad de la atención médica para millones de colombianos. Es urgente que se tomen medidas para garantizar la estabilidad financiera del sector salud, evitando así un colapso que afectaría gravemente a pacientes y prestadores de servicios médicos en todo el país. La situación requiere acciones inmediatas para asegurar el flujo de recursos y prevenir el cierre de servicios esenciales.