El Ministerio de Salud ha presentado una solicitud de nulidad al Auto 007 de 2025 emitido por la Corte Constitucional, que ordena ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para garantizar la atención adecuada a los afiliados del sistema de salud. A pesar de recibir recursos del Ministerio de Hacienda para cubrir los Presupuestos Máximos de 2022, la cartera de salud argumenta que la decisión judicial carece de sustento técnico y legal. Este conflicto refleja las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo en la gestión del sistema de salud colombiano.

La controversia se centra en la capacidad de la Corte para determinar la suficiencia de la UPC, un elemento crucial para financiar la atención médica en Colombia. El Ministerio de Salud sostiene que este cálculo es una responsabilidad exclusiva suya y del Consejo de Estado, y que permitir a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) influir en esta decisión sería problemático e inconstitucional. Según la entidad, las afirmaciones de insuficiencia de la UPC de 2024 se basan en manifestaciones interesadas de las EPS, sin respaldo técnico sólido.

El documento enviado por el Ministerio critica que la Corte haya declarado la insuficiencia de la UPC sin proporcionar pruebas objetivas ni especificar cuál sería un valor suficiente. Además, señala que la calidad deficiente de los informes presentados por las EPS no justifica una declaración general de insuficiencia. En lugar de eso, sugiere que estas entidades no han cumplido con los estándares de reporte requeridos.

Este debate pone de manifiesto la necesidad de un análisis más riguroso y transparente en la fijación de la UPC. La postura del Ministerio de Salud subraya la importancia de mantener la integridad del proceso de regulación, evitando conflictos de interés que puedan comprometer la calidad de la atención sanitaria. La resolución de este conflicto será crucial para definir el futuro del financiamiento del sistema de salud en Colombia.

La petición de nulidad presentada por el Ministerio de Salud refuerza las tensiones existentes en torno a la implementación de las decisiones judiciales en el sector salud. Esta situación afecta directamente el acceso a tratamientos, atenciones médicas y medicamentos para los pacientes, lo que hace aún más urgente encontrar un equilibrio entre las distintas instancias involucradas en la toma de decisiones. La resolución de este impasse dependerá de un diálogo constructivo entre todas las partes para garantizar la sostenibilidad y eficacia del sistema de salud.