Un amplio espectro de participantes en el ámbito de la salud ha manifestado su oposición al intento del Ministerio de Salud de anular un importante decreto judicial. Este colectivo, que incluye a pacientes, profesionales médicos, sociedades científicas y prestadores de servicios, sostiene que tal medida comprometería aún más la estabilidad financiera del sistema sanitario y afectaría especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas y de alto costo.

La cuestión central radica en el seguimiento a una sentencia emitida hace años por la Corte Constitucional, que ordenó al Estado asegurar un financiamiento adecuado para el sector salud. Los grupos involucrados ven en la solicitud de nulidad una táctica dilatoria que amenaza con poner en riesgo la atención médica de numerosos ciudadanos. Además, se critica que el Gobierno pretenda evadir la supervisión judicial establecida para garantizar el cumplimiento de dicha sentencia.

Los firmantes del comunicado enfatizan que la crisis financiera actual es resultado de la insuficiencia en los pagos por capitación, un problema que ha sido denunciado desde hace tiempo sin recibir respuesta efectiva por parte del Ministerio. Se insta a las autoridades judiciales a mantener su independencia y rechazar la solicitud gubernamental, priorizando la estabilidad y sostenibilidad del sistema de salud. El derecho a la salud no puede ser objeto de demoras administrativas ni estrategias que profundicen la crisis; es fundamental que se adopten soluciones concretas para garantizar una atención médica digna y oportuna.